OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA | Escuela de Derecho

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DESDE EL OTRO LADO DE LAS REJAS: “LOS PREVENTIVOS Y SUS DERECHOS”

En memoria de Anibal Javier Lazo Hospina, mi padre

RESUMEN

A pocos años del bicentenario, en el Perú emerge un populismo penal persistente, en que la solución a la inseguridad ciudadana descansa en el uso abusivo y extensivo de la prisión preventiva, enarbolando máximas como: drasticidad en las penas –zero tolerance– o en algunos casos la crítica exacerbada a los derechos humanos, entre ellos, la presunción de inocencia y la integridad personal. Es esta demagogia legal sobre materia penal, se pretende llevar a la prisión preventiva como pena automática o como una forma de penalización inmediata. Por ello, surge la necesidad de poner límites al hipertrófico populismo penal, desde la correcta aplicación de las garantías establecidas en nuestro marco normativo constitucional y desde el derecho internacional de los derechos humanos -Ius Cogens-. Así, en un escenario donde la presunción de inocencia y la integridad personal de los preventivos pareciera tener un lugar considerablemente frágil, pasa inadvertida o bien no se quiere tomar en cuenta las severas y denigrantes condiciones carcelarias que padecen los preventivos en las cárceles peruanas y que es considerada desde la función pública como un elemento irremediable de la realidad carcelaria imperante.

El advenimiento del discurso populista, que incita a acudir no solo en primer lugar sino exclusivamente al encierro punitivo, es una solución incorrecta que se nos ofrece a diario. El derecho penal, constituye un límite al poder punitivo estatal –Ius Puniendi-, el cual, no puede ni debe utilizarse como un instrumento de vulneración al contenido constitucionalmente protegido que asiste a todo ciudadano, más allá del estatus jurídico en que se encuentre.

Siendo esto así, el objetivo de la presente memoria constituye visibilizar el discurso represivo estatal que contiene el encierro cautelar y el estado de afectación permanente que padecen  los preventivos en las cárceles peruanas. Todo ello, centrado desde nuestra preocupación por el más débil, el recluso preventivo, advirtiendo aquello que deja de hacerse desde el aparato público estatal y explicando los motivos porque se actúa de tal manera y no por el procedimiento común.

Por tanto, si con la presente memoria logramos generar alguna reflexión al lector sobre los males que aquejan al hombre privado de su libertad provisionalmente y suscitamos en él la defensa sobre el uso adecuado, racional, excepcional y proporcional en la imposición y ejecución de la prisión preventiva, nos daremos por satisfechos con su publicación.

PRESENTACIÓN PERSONAL

Como primera intención, debemos señalar que la presente memoria está destinada a todos aquellos que transitan por el ámbito de las humanidades en general, tanto a los que ejercen la investigación universitaria como a los propios estudiantes, en especial a los alumnos de derecho de nuestra querida facultad de leyes.

Consideramos que lo más importante en esta memoria es visibilizar los problemas constantes que padecen los preventivos como seres humanos en el interior de las cárceles peruanas. Habrá que tomar en cuenta la coyuntura social, pues el ciudadano cree que la solución a los problemas de inseguridad ciudadana es la reclusión de las personas que consideran, desde su subjetividad, peligrosas.

Confiamos en que esta memoria guíe al lector en el entendimiento de la prisión preventiva y los severos problemas que se generan cuando se hace un uso abusivo, extensivo e irresponsable de aquella. Asimismo, evidenciamos la grave crisis penitenciaria nacional que ha llevado al sistema carcelario a fortalecer sus políticas de seguridad y vigilancia, renunciado a su labor de tratamiento que le exige la Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y los tratados internacionales sobre esta materia.

Por último, intentaremos demostrar el desde el contenido de la memoria que nuestra única motivación es defender la libertad de los ciudadanos, más allá de su estatus jurídico, pues entendemos que tutelar la libertad de los procesados es la regla y no la excepción. Más aún, en un sistema penitenciario como el nuestro que de seguir así, solo promocionará reclusos totalmente disociados a una sociedad a la que eventualmente tendrían que volver. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una de las materias que mayor preocupación ha causado a la labor académica desde las humanidades, es el respeto efectivo de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. De hecho, la atención a la problemática carcelaria en el Perú ha sido una actividad tradicionalmente vinculada a la labor de la defensoría del pueblo -Ombudsman– y de la Iglesia Católica desde la creación de su pastoral penitenciaria.

En este sentido, es pertinente señalar que los derechos humanos como construcción normativa representan ciertos derechos y libertades que son fundamentales para la convivencia humana. Como bien lo señala Nolberto Bobbio (1991) “El reconocimiento de los derechos humanos es un indicador del progreso histórico de la humanidad” (p. 111). Los derechos humanos son derechos intrínsecos que tiene toda persona y, por su condición de tal, se fundan en el respeto a la dignidad y el valor de todo ser humano. No se trata pues, de obsequios o prerrogativas de un actor político o de un gobierno de turno, tampoco pueden ser suspendidos por un poder tirano o arbitrario, ni menos aún, pueden ser retirados o denegados por el hecho de que una persona haya cometido un delito o lesionado la ley penal vigente.

La protección de los derechos humanos, forman hoy parte sustancial de la construcción normativa de los gobiernos democráticos. En las últimas décadas, específicamente, desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los Estados adheridos a dicha declaración han elaborado un sinnúmero de instrumentos jurídicos para la protección de estos; por lo mismo, han contraído deberes y obligaciones para promover y proteger una amplia variedad de derechos en sus instrumentos legales (códigos) no sólo desde su jurisdicción de origen, sino en clave supra legal. 

En este contexto, instrumentos como el Código de Ejecución Penal y su reglamento, establecen reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en las cárceles, con la finalidad de evitar tratos degradantes, torturas y abusos físicos, entre otros. Asimismo, los instrumentos en mención resultan a consideración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004):

un conjunto de normas para ayudar al personal penitenciario a cumplir sus funciones mediante políticas y prácticas que sean legítimas, humanas y disciplinadas (…) vital para la buena marcha de una sociedad democrática y para el mantenimiento del estado de derecho (p. 5).

Así, delimitado dicho marco de interpretación normativa pro homine, corresponde preguntarnos si la realidad carcelaria de los centros penitenciarios en el Perú, cumplen con el estándar establecido en sus instrumentos de tratamiento jurídico penitenciario -política criminal- más allá, del estatus jurídico del recluso, es decir, si son: condenados o preventivos.

Por ello, consideramos que no solo deberá evaluarse el alcance del problema carcelario planteado, desde las exigencias dimanantes del principio-derecho de la dignidad humana, sino desde el cumplimiento de los estándares internacionales de tratamiento penitenciario asumidos por nuestro país mediante tratados internacionales. Esto es, desde el marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos –Ius Cogens-. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Así las cosas, lo que pretendemos exponer en esta memoria, es el estado de afectación permanente que vienen sufriendo los preventivos en la ejecución de una medida cautelar ampliamente cuestionada por los organismos de defensa internacional de los derechos humanos, la academia procesal penal y penitenciaria.  Por tanto, creemos pertinente abordar la problemática planteada desde la defensa de los derechos fundamentales y que esta pueda suscitar en el lector un encuentro con otras opciones contrarias a la prisionización cautelar del hombre.

El estudio de la ejecución de la prisión preventiva significa sin duda alguna, una de las categorías más problemáticas a tratar en el campo procesal penal y penitenciario. No en vano, Luigi Ferrajoli (2016) señala oportunamente que “la cárcel (…) bajo múltiples aspectos, equivale a una contradicción institucional” (p. 7). Sostiene el autor garantista, que la cárcel no logra garantizar los derechos fundamentales más elementales, sino que la prisión reproduce un estado de naturaleza (sin reglas y sin derecho) donde solo puede sobrevivir el hombre hobbesiano –homo homini lupus– y donde se simboliza una máxima seguridad externa -extramuros- acompañada de una máxima inseguridad interna -intramuros- (Ferrajoli, 2016, p. 7).

La cárcel como aparato coercitivo representa la máxima expresión del Ius Puniendi estatal sobre el ciudadano infractor, pero en cuyo interior el propio Estado está ausente, al mostrarse incapaz de garantizar los derechos fundamentales de los reclusos preventivos. La ejecución de la prisión preventiva deberá consistir en un límite al abuso de la arbitrariedad estatal y no como un espacio temporal (dada su provisionalidad) donde se puedan cometer privaciones, vejaciones y aflicciones extralegales, ya sean de tipo corporal o psicológico.

Es por ello que el Estado peruano en su rol garante y protector de los derechos humanos deberá garantizar al preventivo una ejecución humana de la medida impuesta -principio de humanidad-. Es decir, mostrará respeto irrestricto a su dignidad, lo que se manifiesta en términos prácticos, en que puedan ejercer sus derechos fundamentales que no hayan sido restringidos, lo que a su vez es una condición necesaria para el cumplimiento de los fines del tratamiento penitenciario. En este escenario, el derecho internacional de los derechos humanos señala criterios, vectores (universales) que deberán plasmarse obligatoriamente en los instrumentos internos de los Estados parte respecto a la ejecución de la pena (condenados), y también respecto a la ejecución de la prisión preventiva (preventivos). Así, debemos señalar que, a nivel del sistema de protección universal de los derechos humanos, el artículo 10, inciso 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) reconoce lo siguiente:

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas (…). (p. 2)

Asimismo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo (1984), en su artículo 10 señala:

1. Todo Estado parte velará por que se incluyan una educación y una informacióncompletas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personalencargado de la aplicación de la ley, sea este civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. (p. 2)

Como vemos, el sistema de protección internacional de los derechos humanos obliga a sus Estados parte, a garantizar un trato humano de la pena o de la medida impuesta en el caso de los preventivos, sin contemplar justificaciones presupuestarias o de similar naturaleza, a fin de reducir en los centros penitenciarios un posible y grave menoscabo del ejercicio de los derechos fundamentales de los reclusos, sean condenados o preventivos. (p. 11)

El problema de la ejecución de la prisión preventiva en el Perú no es reciente ni exclusivo de la región, ni de nuestro país. Este fenómeno no es causado única ni principalmente por la deficiente infraestructura carcelaria, sino, en realidad, por diversas políticas populistas sobre aumento de penas y persecución penal a toda costa (Zaffaroni, 2009, p. 113).

Adicionalmente a los fenómenos punitivos planteados, podríamos añadir la disminución de la efectividad de los mecanismos de garantía y tutela de los derechos humanos –zero tolerance-, el abandono de las medidas resocializadoras y las alternativas a la privación de la libertad, entonces se generan, en gran medida, las condiciones para que cada vez más se califique jurídicamente como conductas delictivas a comportamientos que, anteriormente, no lo eran -demagogia punitiva-, además del mencionado incremento de penas -populismo penal-. Como consecuencia de lo descrito, ha estado incrementándose la población penitenciaria desde hace décadas, lo que en el caso peruano no ha ido acompañado de un aumento y mejora de la infraestructura penitenciaria, y ello ha traído como consecuencia un hacinamiento carcelario imperante, entre otros males carcelarios.

En tales condiciones, la situación de los presos sin condena (preventivos) en las cárceles peruanas, es una cuestión que reviste especial interés, más aún, si su condición legal es completamente distinta a la de los sentenciados (procesados con condena); en tanto, los preventivos no han sido declarados culpables mediante proceso judicial por delito alguno. Por lo tanto, son considerados presuntos inocentes ante nuestro sistema de justicia penal.

En efecto, el estatus jurídico de inocente atribuido al preventivo es un principio informador para cualquier tipo de análisis respecto al tratamiento penitenciario de un recluso que se encuentra provisionalmente privado de su libertad. Aunado a lo antes señalado, cabe resaltar que dicho estatus no solo es un principio rector en la decisión de imponer una medida de coerción personal -prisión preventiva- a un procesado, sino que conlleva implicancias concretas en las condiciones de ejecución de dicha medida.

En este sentido, Cubas Villanueva (2018) señala oportunamente “es uno de los pilares del proceso penal acusatorio, reconocido como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una sentencia condenatoria” (p.103). En suma, la presunción de inocencia en la ejecución de la prisión preventiva expresa una triple dimensión, pues se comporta como derecho, principio y garantía a favor del preventivo, mientras dure la ejecución de dicha medida (Quispe, 2001, p. 15).

Siendo esto así, tenemos que en la ejecución de la prisión preventiva, descansa un marco normativo nacional e internacional que impediría, por lo menos en teoría, que su ejecución contradiga el modo, la forma y las garantías previstas por la ley procesal penal y penitenciaria vigente. Esta legalidad procesal (penal) y ejecutiva (penitenciaria) trae su origen en una doble necesidad de garantizar tanto la seguridad jurídica de los ciudadanos como su libertad frente a los abusos derivados del Ius Puniendi estatal (Paiva, 2016, p. 224).

Entonces, visto ello, la regulación normativa de la prisión preventiva y su ejecución deberá respetar el paradigma de la lógica cautelar (Paiva, 2016, p. 224), por el cual, se tiene que la finalidad –telos cautelar- de la prisión preventiva es únicamente como señala Pablo Sánchez (2006) “asegurar la presencia del imputado a sede judicial y la efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio” (p. 201). Dicho aseguramiento intramuros deberá respetar los criterios universales anteriormente esbozados. Así, la lógica cautelar destaca la verdadera naturaleza de la prisión preventiva (medida procesal cautelar) y su finalidad (coadyuvar a que en casos extremos el proceso penal se pueda desarrollar exitosamente) desde la teoría jurídica (penal y penitenciaria) tiene como propósito armonizar con la presunción de inocencia, principio reconocido por la Constitución Política del Perú (legislación ordinaria), así como en los tratados internacionales suscritos por nuestro país sobre derechos humanos (legislación supra legal).

En buena cuenta, dada la importancia de la presunción de inocencia, no solo en la imposición de la prisión preventiva, sino en su ejecución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000), ha considerado a partir del caso Cantoral vs Perú, que la presunción de inocencia se expresa como una regla de tratamiento del investigado o acusado, según el cual, antes de la condena definitiva, no se le puede imponer medida alguna que implique la equiparación a la condición de culpado (Paiva, 2016, p. 213). Ello no es óbice para que la presunción de inocencia proscriba la utilización de cualquier medida que restrinja de manera cautelar el derecho a la libertad personal del procesado (preventivo), sino que limite su aplicación a supuestos estrictamente necesarios, es decir, reducir al mínimo su imposición dada la excepcionalidad intrínseca de la prisión preventiva en su imposición (Llobet, 2015, p. 25).

En tal sentido, la presunción de inocencia debería ser considerada como el mayor límite a la prisión preventiva (como regla general). Decimos que se constituye en un límite; en tanto, dicho principio históricamente no ha tenido como fin -telos- impedir el uso de la coerción estatal de manera absoluta. Así, la presunción de inocencia no es incompatible con la prisión preventiva, pero sí restringe su campo de imposición y garantiza en su ejecución como una regla de tratamiento a favor del preventivo, de modo que no pueda exceder lo estrictamente necesario para la finalidad de aseguramiento que la justifica (Maier, 2001, p. 511). Así lo sostiene Llobet Rodríguez (2016) “la prisión preventiva no puede asumir ninguna función de la pena, no debe llevar a excluir totalmente la posibilidad de que se prive de libertad al imputado antes de una sentencia condenatoria firme” (p. 149).

Siendo esto así, a lo que se debe arribar, es a una diferencia entre la privación de la libertad que se dispone mediante una sentencia condenatoria firme y aquella que representa la imposición de una prisión preventiva, diferenciación que como se ha explicado, solamente puede llevarse a cabo partiendo de los fines que cada una representa; lo que nos conduce inevitablemente a señalar con autoridad que la prisión preventiva no puede, ni debe, perseguir los fines de la pena (rehabilitación, reinserción y reeducación). Esto puesto que, en caso contrario se convertiría en una pena anticipada, lo que sería abiertamente inconstitucional, injusta y contraria al marco normativo internacional antes mencionado (Paiva, 2016, p. 215). 

ANÁLISIS 

El drama del encierro cautelar en el Perú no subyace solamente en la eficacia de las leyes anteriormente planteadas, sino implica un problema mucho mayor, del que solo es posible salir asumiendo con sinceridad el estado de emergencia que atraviesa nuestro sistema penitenciario nacional. Sobre este aspecto, cabe resaltar que mediante Decreto Legislativo N° 1325, publicado en el diario oficial El Peruano, el 06 de enero de 2017, se declaró en emergencia el sistema nacional penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario-INPE, por un plazo no mayor de dos años, motivándose dicha declaratoria, en razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura.

Sin embargo, debido a la inacción del Estado peruano, materializado en la falta de consenso interinstitucional y voluntad política para afrontar la problemática carcelaria nacional, se prorrogó dicha declaratoria de emergencia mediante el Decreto Supremo N° 013-2018-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano, el 30 de diciembre de 2018, prórroga que resultara vigente a partir del 07 de enero de 2019 hasta el 07 de enero de 2021. Siendo esto así, resulta alarmante que a pesar del tiempo transcurrido el propio Instituto Nacional Penitenciario- INPE, mediante oficio N° 091-2019-INPE/12-04, de fecha 18 de febrero de 2019, informe a la opinión pública que no cuenta con protocolos ni para la detección ni para el tratamiento de enfermedades, no cuenta con estudios epidemiológicos y que persistan las graves deficiencias de infraestructura en sus cárceles que ameritaron en un inicio su declaratoria de emergencia.

Tal escenario, explica la falta de efectividad de las medidas implementadas por el Estado para reestructurar el sistema nacional penitenciario y el propio Instituto Nacional Penitenciario- INPE. Ante esta falta de eficiencia, que demostraría que en más de tres años de haberse aprobado la declaratoria de emergencia y su respectiva prórroga, no se han establecido directrices  básicas que puedan permitir un tratamiento penitenciario diferenciado (preventivos y condenados) bajo los principios vectores (universales) antes mencionados.

Como vemos, en nuestro país continúa siendo un gran desafío el cumplimiento de los principios constitucionales y las normas legales -estándar- respecto a la finalidad de las prisiones. Como bien lo señala Luis Del Pont (1982), “las cárceles (…) [son] un complejo mosaico de problemas, como los edificios, la población, su clasificación, el personal penitenciario, el trabajo carcelario, el peculio, la vida sexual penitenciaria” (p. 311). Aunado a dichos problemas, y no menos importante, está la falta de una ley penitenciaria adecuada a nuestra realidad carcelaria que permita el cumplimiento de sus fines.

Así, los centros penitenciarios que en su mayoría son viejas estructuras, totalmente inadecuadas, incluso alguna de ellas se hallan ubicadas en ratios urbanos y sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene, representan en buena cuenta, consecuencias de un problema mayor: el de la criminalidad intramuros (Del Pont, 1982, p. 313). Es notoriamente conocido que en el interior de las cárceles se generan diversos tipos de criminalidad (sicariato, extorsión, robo agravado, secuestro, entre otros), en algunos casos están vinculados al alto hacinamiento que rige en el interior de los penales y el conflicto que este fenómeno genera por la adquisición de bienes que el Estado mínimamente debería garantizar. (Pérez, 2000, p. 26).

Sumado a lo anteriormente expuesto, debemos señalar que en nuestro país se viene haciendo uso y abuso de la prisión preventiva. En los últimos años, la doctrina penal ilustrada ha levantado, desde sus fueros, denuncias sobre un uso extensivo de la prisión preventiva, lo que evidentemente se contrapone con lo ordenado por los textos internacionales de los derechos humanos sobre la naturaleza excepcional de dicha medida de orden cautelar. Al respecto, señala acertadamente Cubas Villanueva (2018) “El uso extensivo de la prisión preventiva es uno de los principales problemas que tiene en la actualidad los sistemas de justicia penal” (p. 186). Así, la entrada en vigor del nuevo código procesal penal en el Perú, desde el año 2004, no ha logrado paralizar esta tendencia generada por la judicatura penal caracterizada por el uso abusivo y extensivo de la citada medida cautelar contra los ciudadanos.

En este sentido, el Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas (2013), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, señala:

El uso no excepcional de esta medida contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento penitenciario, lo que genera una situación de hecho en la que se ven vulnerados otros derechos fundamentales de los reclusos, como el derecho a la integridad personal. En la absoluta mayoría de los países de la región las personas en prisión preventiva están expuestas a las mismas condiciones que las personas condenadas, y en ocasiones a un trato peor que éstas. Las personas en prisión preventiva sufren grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; además padecen el impacto psicológico y emocional del hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados, y por lo general son expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas presentes las cárceles de la región. (p. 4)

Todo ello, a pesar de la existencia de normas internacionales vinculantes (obligatorias), derivadas del derecho internacional de los tratados que obligan al Perú a su fiel cumplimiento (Cubas, 2018, p. 186). Las mismas que consideramos, son claras en reconocer a la presunción de inocencia como regla de tratamiento no solo de juicio en el ámbito procesal, sino penitenciario (en su ejecución) y que contienen un amplio reconocimiento a nivel constitucional. Además, de expresar el compromiso político peruano (como Estado parte) para su protección y tutela.

Sobre este aspecto, sostiene el informe antes mencionado, lo siguiente:

La Comisión Interamericana ha observado como una tendencia generalizada en la región el que muchos Estados han planteado como respuesta a los desafíos de la seguridad ciudadana, o al reclamo de la sociedad, medidas legislativas e institucionales que consisten fundamentalmente en un mayor uso del encarcelamiento de personas como solución al problema. Estas reformas legales, que a lo largo de la última década han venido replicándose en los distintos estados de la región, están orientadas a restringir o limitar las garantías legales aplicables a la detención de personas; potenciar la aplicación de la prisión preventiva; aumentar las penas y ampliar el catálogo de delitos punibles con pena de prisión. (p. 34)

Siguiendo lo trazado, es de notar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, hace énfasis en recalcar que dentro de un proceso penal la regla es la libertad y la excepción es la cárcel. Además, pone en relieve que dicha regla no es una prerrogativa o un beneficio circunstancial, sino un derecho establecido para cautelar bienes jurídicos fundamentales en una democracia constitucional, como lo son: la libertad y la integridad personal.

Así, en la problemática de la ejecución de la prisión preventiva existen diversas aristas que se podrían identificar como un fenómeno multicausal, complejo y hasta mediatizado. Pese a existir una basta regulación legal, las prisiones preventivas continúan ejecutándose en cárceles con un amplio hacinamiento, superando la realidad ampliamente a la teoría; más aún, si en cualquier centro penitenciario de nuestro país, podemos verificar que lo dispuesto en la legislación penitenciaria es, como se dice coloquialmente: “letra muerta”.

En las cárceles no hay respeto a las leyes, ni a la constitución, allí se encuentran juntos todos los internos (condenados y preventivos). La prisionización cautelar crea más problemas de los que soluciona, pero según sostiene la doctrina penal liberal, siguiendo un principio beccariano es un mal necesario. Por el contrario, la cárcel excluye, etiqueta y estigmatiza, y en la práctica termina funcionando como escuela del delito, donde los reclusos aprenden conductas desviadas -delitos- que terminaran disociándolo, aún más, de la sociedad donde eventualmente tendrían que volver.

En tal contexto, la prisión preventiva como medida estrella de la judicatura penal viene ejecutándose en cárceles que sólo deberían ser para condenados. Aunque dicha circunstancia, sea aceptada no solo por nuestras autoridades sino por la comunidad en general, al no tenerse en cuenta que están también los preventivos que teóricamente gozan de la presunción de inocencia, quienes vienen siendo sujetados a centros penitenciarios donde se prioriza el aseguramiento y el mantenimiento del orden interno como cúspide de la normativa penitenciaria dejando de lado los fines que esta representa y las garantías que le asiste inherentemente a los preventivos (Cesano, 2020, p. 276).

Frente a este difícil panorama, Cervelló Donderis (2001) señala con precisión, la existencia de dos sistemas penitenciarios al que se han contraído las cárceles en América Latina: “El modelo en el que alzaprima el tratamiento y el modelo que responde a una concepción custodial” (p. 189). Así, el sistema penitenciario peruano claramente se vincula con el segundo sistema, el cual se caracteriza por la vigilancia en la actuación del preso (condenado y preventivo) como un elemento para asegurar el orden interno (Cesano, 2019, p. 320). Con ello, se evidencia la preponderancia del sistema penitenciario nacional en el orden y la seguridad, pues lo que interesa sustancialmente al sistema, es el mantenimiento de la disciplina a toda costa -zero tolerance-.

Siendo esto así, un sistema penitenciario nacional que prioriza la seguridad ante todo y desbordado por el hacinamiento, difícilmente podrá cumplir con sus fines, menos aún, con las garantías establecidas para los preventivos, afectando inevitablemente la dignidad de todos los internos (condenados y preventivos). Este estadio permanente de vulnerabilidad que se presenta en las cárceles peruanas, está vinculada, entre otros aspectos, a la sobrepoblación penitenciaria (hacinamiento); en tanto, el sistema penitenciario en nuestro medio, no ha tenido otra alternativa más que el aseguramiento in extremis, frente a las severas deficiencias que el Estado peruano por su falta de efectividad política ha generado en este sector, como son: la capacidad de albergue, infraestructura, salubridad, entre otros servicios básicos de índole carcelario.

En tal sentido, la problemática evidenciada en el sistema nacional carcelario visibiliza no solo un estadio de emergencia de varios años atrás, sino una realidad penitenciaria contrapuesta al estándar establecido por el derecho internacional de los derechos humanos. Escenario que analizado desde cualquier dimensión sea penitenciaria o criminológica, se conjuga negativamente con las brechas existentes antes señaladas; lo que deviene inevitablemente en un menoscabo u obstaculización de los derechos fundamentales de los preventivos, distintos a la libertad personal (STC N°05436-2014).

Todo ello permite sostener que resulta necesario y urgente plantear una mirada hacia el interior de la cárcel que permita encontrar desde los tres poderes del Estado espacios comprometidos con un trato digno a las personas privadas de su libertad, pues como señala el sumo pontífice Francisco I (2015) “Es penoso constatar sistemas penitenciarios que no buscan curar las llagas, sanar las heridas, generar nuevas oportunidades” (p. 148). Dicho trato digno, al que los preventivos tienen derecho, se materializará en el cumplimiento de los estándares internacionales – supra legal- antes aludidos, entre otros complementarios que resulten pertinentes a la realidad penitenciaria nacional, pues será un esfuerzo conjunto y sacrificado de adaptación razonable y progresiva que bajo ninguna circunstancia podrá significar el abandono del leitmotiv de dichos instrumentos; pues, consideramos que serán los ciudadanos, en una sociedad democrática de derecho los llamados a empeñarse en el reconocimiento efectivo de los Derechos Humanos de toda persona sin importar la condición jurídica en que se encuentren (STC N°05436-2014).

A ello debe añadirse la gravísima situación de los preventivos a consecuencia de la actual pandemia Covid-19, debido a las precarias condiciones de salubridad, higiene, niveles de hacinamiento extremo en que se encuentran las cárceles peruanas. Este contexto puede significar un mayor riesgo ante el avance del Covid-19, en particular para aquella población de preventivos que cuenten con enfermedades preexistentes, lo que ocasionaría situarlos en una condición de vulnerabilidad extrema que agravaría su situación intra muros; por lo que, se debe garantizar derechos como la salud, la integridad personal incluida la de sus familias (en cuanto a las visitas), frente a los efectos de la citada pandemia en las cárceles peruanas. Más aún, si hemos señalado que el Instituto Nacional Penitenciario- INPE, no cuenta con información actualizada sobre las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraría toda la población penitenciaria, lo que hace urgente la intervención del Estado a fin de garantizar protocolos de atención médica e identificar en el más breve plazo las condiciones particulares de vulnerabilidad en que se encontrarían los preventivos. En suma, no se puede dejar de advertir que el reconocimiento de los derechos humanos de los preventivos contribuirá de manera relevante en afrontar y tratar de reparar, de aquí en adelante, el estadio permanente de vulnerabilidad en que se encuentran los preventivos desde hace varios años atrás. Todo ello, en la búsqueda de una nueva realidad penitenciaria con nuevos desafíos, pues como bien lo exhorta el Papa Francisco I (2016) “reclusión no es exclusión” (p. 1), expresando desde un punto de vista humanitario, lo importante de reconocer que las personas privadas de su libertad cuentan con su propia historia y dignidad y que es labor de todos nosotros que ellos mismos se reconozcan así. (Comisión Episcopal de Acción Social, 2014, p. 15). 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

La prisión preventiva se constituye como una medida cautelar procesal contra la libertad del procesado, razón por la que, su aplicación debe sujetarse a la excepcionalidad que la caracteriza; pues debe ser la última opción -ultima ratio- que el juez de garantías evaluará ex ante su imposición. Asimismo, consideramos que la imposición abusiva y excesiva de la prisión preventiva en el Perú tiene diversas consecuencias, entre ellas, una de las más importantes, el alto hacinamiento en los penales, situación que de manera directa afecta la integridad de los preventivos, con consecuencias psicológicas, físicas y económicas que conlleva su encierro cautelar en prisión.

El uso desmedido, irracional y extensivo de la prisión preventiva en nuestro país trae consigo una ruptura con la propuesta garantista del derecho internacional de los derechos humanos, lo que constituye una grave afectación al derecho penal liberal y a su estructura fundacional de mínima intervención punitiva, por una propuesta populista y demagógica de intervención máxima denominada tolerancia cero. Promover un cambio de mentalidad en la sociedad peruana respecto a la imposición y ejecución de la prisión preventiva, pasará necesariamente por elaborar planes estratégicos de sensibilización, capacitación y acercamiento social respecto a la finalidad de la prisión preventiva, Ello, buscaría evitar y prevenir todo tipo de presiones externas (poder mediático) ajenas a la voluntad del legislador y a la decisión de los jueces que la imponen o la niegan. Asimismo, entendemos que dichas estrategias de acercamiento tendrían un efecto positivo en la praxis procesal penal con la utilización de medidas alternativas (menos gravosas) a la prisión preventiva.

Finalmente, es imperativo señalar que el Estado peruano deberá allanarse a las recomendaciones emitidas en la resolución N° 1/2020, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020), donde se dispone el aseguramiento de las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros penitenciarios a efectos de la pandemia Covid-19, en particular establecer protocolos de garantía, seguridad y orden para los reclusos, marcando clara incidencia en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria como medida de contención contra la citada pandemia; todo ello, a fin de evitar desde nuestra consideración la profecía que Eugenio Raúl Zaffaroni, denomina: “genocidio carcelario”. 

Victor Alfonso Lazo Velapatiño

Estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya


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