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La Junta Nacional de Justicia en medio de la pandemia: Avances, retrasos y un balance a casi medio año de su existencia

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició sus labores en enero de este año. Con un gran trabajo pendiente, una de sus primeras decisiones fue elaborar un plan de trabajo a 180 días, bajo la consigna de “[…] consolidarse como una institución firme que aplica con la más plena independencia procesos justos, transparentes y eficaces en la incorporación y separación de jueces y fiscales […]”[1]

Las expectativas que tenían – y aún tenemos – los ciudadanos respecto al trabajo de la JNJ son altas. Tiene que reconstruir una institucionalidad dejada por los suelos debido al accionar de los últimos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), revisar los procesos llevados a cabo por estos, investigar y sancionar a jueces y fiscales supremos involucrados en la red de corrupción de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, elegir a las cabezas de la RENIEC y la ONPE (cuyo último jefe estuvo involucrado también en casos de corrupción y que terminó renunciando debido a las investigaciones). Todo esto con una elección congresal y presidencial a puertas y ahora, en medio de un estado de emergencia producto de la pandemia.

¿Qué tanto de ese plan de trabajo inicial a 180 días se ha podido avanzar hasta ahora?, o mejor aún, ¿Qué tanto de ese plan es posible avanzar ahora en medio de este contexto de pandemia, en donde todo parece ir cuesta arriba?, ¿Qué pasará con los jueces y fiscales supremos investigados por ser parte de la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”? Ellos siguen en sus cargos hasta ahora, reorganizándose y reponiéndose de los golpes que significaron las investigaciones en su contra llevadas a cabo el año pasado. Si la JNJ no toma acciones pronto, este escenario se mantendrá inmutable por mucho tiempo más, y a estos investigados pareciese no detenerlos la pandemia con tal de conseguir sus objetivos.

Siendo así las cosas, vamos a hacer un recuento de lo planificado, lo realizado y lo que falta realizar. Finalmente haremos un balance para dar luces acerca de qué problemas podrían surgir en medio del contexto en que nos encontramos.    

Medidas tomadas por la JNJ desde que entró en funcionamiento.

Como ya habíamos señalado, una de las primeras decisiones importantes de la JNJ fue elaborar su plan de trabajo a 180 días. Este plan tenía como objetivo principal sentar las bases institucionales. Creemos que esto fue un acierto ya que, si lo que se quería era marcar distancia del extinto CNM, era preciso establecer un antes y un después, y –al menos en el papel– poner los cimientos de la nueva institución. Ello  implicaba crear todo un nuevo cuerpo normativo (reglamentos, directivas, etc.) que a la larga deberían ayudar a alcanzar una nueva cultura institucional. De acuerdo a lo indicado en el plan, la base de ésta sería la transparencia, la independencia, la publicidad de las decisiones que se tomen y la eficiencia y eficacia en los procesos que se lleven a cabo.

Por esta razón el plan se dividió en tres tipos de medidas: político institucionales, para el desarrollo de sus funciones constitucionales, y administrativo organizacionales. Si bien muchas de estas tienen un plazo de implementación máximo de 180 días, hay otras que están pensadas para ser implementadas en menor tiempo (5, 15, 30, 45 y 60 días).

  • Medidas en lo político institucional

Algunas de las medidas son la creación de la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia (15 días), que estaría integrada por expertos nacionales e internacionales, académicos y líderes sociales, para que acompañen la gestión de la JNJ. Esta Comisión ya fue creada y sus miembros son: Diego García-Sayán, Jaime Luis de Althaus, Javier de Belaunde, Gonzalo García Núñez y Víctor García Toma, Gorki Gonzales Mantilla, Beatriz Merino, Violeta Bermúdez Valdivia y Gladys Echaíz Ramos. El objetivo de esta Comisión es deliberar, analizar y proponer medidas y recomendaciones para coadyuvar en el proceso de institucionalidad de la JNJ a fin de garantizar su autonomía e imparcialidad y el cumplimiento de sus funciones.[2]

Otra medida era la designación de un oficial anticorrupción y de integridad en la JNJ (en un plazo de 45 días), que tendría como funciones establecer y monitorear una cultura de cumplimiento, elaborando una matriz de riesgos y canales de denuncia al Ministerio Público y a la Policía Anticorrupción; y aprobar la exigencia de presentación de una carta de levantamiento del secreto bancario para todos los candidatos seleccionados para ocupar plazas de jueces y fiscales (en un plazo de 15 días). Esto a fin de impulsar una cultura de transparencia en relación al patrimonio económico de éstos.

Asimismo, en un plazo de 60 días, se había planeado presentar una propuesta de iniciativa legislativa sobre la obligación de los miembros de la JNJ de informar ante el Parlamento o ante la Fiscalía de la Nación sobre hechos, situaciones o conductas que configuren influencia, presión o perturbación sobre algún proceso llevado por la JNJ. Esto buscaba afianzar la independencia y la autonomía de los miembros de la JNJ, y al parecer de ser aprobado modificaría la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

Por último, se planeaba la aprobación de un plan de cursos de reforzamiento, capacitación y evaluación preliminar para jueces y fiscales a 180 días, de la mano de las facultades de derecho y la Academia de la Magistratura (AMAG).

  • Medidas en el desarrollo de sus funciones constitucionales

Como sabemos las principales funciones de la JNJ son nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales. Sin embargo, hay dos funciones adicionales que esta Junta debe realizar: revisar los nombramientos, ratificaciones y procesos sancionadores llevados a cabo por el CNM, entre los años 2015 a 2018; y también abocarse a la nueva tarea de elegir a los jefes de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Como es obvio, para llevar a cabo estas labores, era necesario primero contar con los reglamentos que regularán los procesos de revisión y de selección. Como ya hemos indicado líneas arriba, los reglamentos ya están implementados y en el caso del proceso de elección del jefe de la ONPE, éste ya se encuentra en curso: el martes 16 de junio venció el plazo para que se presenten las postulaciones y el 25 de junio se publicará la lista de postulantes.  

Respecto al número de casos llevados a cabo por el CNM que tendría que revisar, la JNJ identificó el número de casos: i) sobre selección y nombramiento, 1411 casos; ii) sobre evaluación y ratificación, 746 casos; y iii) sobre procesos disciplinarios, 142 casos. De acuerdo al Plan, estos casos serán revisados en 180 días, de acuerdo a los criterios de priorización que se hayan establecido. Asimismo, en el plazo de 180 días, la JNJ había planeado elaborar los perfiles, las bases del concurso y hacer las convocatorias para la designación de los jefes de la ONPE, la RENIEC, y las Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y el Ministerio Público. Cuatro convocatorias para cuatro puestos que serán elegidos dentro de seis meses aproximadamente,  que como hemos visto, algunos de ellos ya están en curso (el proceso para seleccionar al jefe de la ONPE) y otros están en proceso de creación de reglamentos para su concurso (la elección de los jefes de las autoridades de control del Poder Judicial y el Ministerio Público).

En 180 días la JNJ también indicó que abriría investigación preliminar, de oficio o a pedido de parte, a jueces y fiscales involucrados en delitos o irregularidades, así como atendería y resolvería los pedidos de destitución formulados por la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos. En este grupo se esperaba que la JNJ investigue a todos aquellos magistrados supremos involucrados en la red de los cuellos blancos del puerto, conforme lo indicado en diversos informes fiscales: Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas, y un largo etcétera.

En relación a estas investigaciones, en febrero la JNJ inició proceso disciplinario inmediato contra Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas; y contra los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes. También ordenó investigación preliminar en contra el exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui (expresidente de la Oficina de Control de la Magistratura), y contra los jueces supremos César San Martín Castro y Ángel Romero Díaz.

En febrero la JNJ también decidió que llevaría a cabo evaluaciones disciplinarias abreviadas contra 109 jueces y fiscales. “El inicio de estos procedimientos han sido solicitados por los órganos de control del Poder Judicial (Oficina de Control de la Magistratura) y del Ministerio Público”, detalló en un comunicado.[3]

En cuanto a la evaluación parcial de desempeño a magistrados –novedad de la ley orgánica de la JNJ– el diseño del proceso de selección se llevaría de la mano con la Academia de la Magistratura en el lapso de 60 días. 

  • Medidas en lo administrativo organizacional

Se planeó iniciar los procesos disciplinarios a funcionarios de la JNJ que habrían incurrido en graves responsabilidades en su desempeño. Esto de acuerdo a los informes de la Contraloría General de la República. Recordemos que, en enero, el Contralor Nelson Shack presentó a los miembros de la JNJ 28 informes de control simultáneo, en donde se detectó un perjuicio económico de S/ 664, 548.00 por pagos irregulares y por diversos servicios que no se efectuaron y que, además, contaron con la conformidad de los funcionarios del ex CNM. 

Como se sabe, los ex consejeros del CNM no actuaron solos. Era necesario contar con un respaldo administrativo para poder llevar a cabo sus decisiones. Para ello, se presume que muchos trabajadores también cometieron faltas e inclusos delitos (esto se sabrá en las investigaciones), resultando imposible que estos mismos trabajadores sigan laborando, con los nuevos miembros de la JNJ.

Otra medida de este tipo es el desarrollo del Cuadro Nacional de plazas de jueces y fiscales que se elaborarían de la mano con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Junta de Fiscales Supremos, en el plazo de 180 días. El Cuadro se llevaría a cabo usando las recomendaciones del informe de Competitividad y Productividad 2020, para garantizar la titularidad de jueces y fiscales. Parece que la JNJ busca resolver un problema ya conocido: el alto número de provisionalidad de jueces y fiscales, así como de jueces supernumerarios.   

La JNJ también buscaba reestructurarse institucionalmente, revisando su organización, funciones, mecanismos e instrumentos de gestión como el Reglamento de Organización y Funciones, el Cuadro Analítico de Personal y el Presupuesto Analítico de Personal; todo esto con la asesoría de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y de SERVIR. Señalaban en su plan que esta revisión le tomaría unos 45 días.

Por último, esperaba mejorar la transparencia en la gestión de la institución, ya que esperaba implementar el proceso de certificación en materia antisoborno, gestión de calidad y gestión de riesgos, así como establecer mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía con indicadores de gestión; todo eso es un plazo de 180 días.

Como vemos, la JNJ inició su trabajo en enero poniéndose plazos y estableciendo prioridades. Su plazo máximo: 6 meses. Sus prioridades: reconstruir una institución deslegitimada en todos los sentidos y que necesitaba a gritos cambios profundos que iban mucho más allá de solamente cambiar un nombre. Si con algo podía contar la novísima JNJ era que tendría todas las miradas puestas sobre su desempeño y sus decisiones. Todo estaba aparentemente planificado e iría sobre ruedas; hasta que llegó la pandemia de COVID-19, se implementó un estado de emergencia lo que trajo un cúmulo de consecuencias

Medidas tomadas por la Junta Nacional de Justicia durante el periodo del estado de emergencia.

El 10 de junio, Aldo Vásquez presidente de la JNJ, se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, para dar a conocer qué medidas se habían tomado durante el estado de emergencia, producto de la pandemia. La Comisión también quería saber qué avances en el trabajo de la JNJ se habían llevado a cabo en los casi noventa días de duración de este periodo. En la presentación, Vásquez indicó que el trabajo de la JNJ había continuado durante este tiempo, ya que el pleno había sesionado todos los días hábiles desde que comenzó el estado de emergencia, debido a que el objetivo principal de su gestión es reconstruir la credibilidad de la institución.

Vásquez dijo muchas de las cosas que ya había dicho en enero: que cuando asumieron el cargo los nuevos miembros de la JNJ, ésta contaba con 103 trabajadores. De ellos, tres cuartos laboraban bajo el régimen 728, de la actividad privada, lo que les da estabilidad laboral. Asimismo señaló que encontraron 25 trabajadores CAS y que actualmente son pocos los cargos de confianza que continúan en la JNJ. La Contraloría detectó irregularidades en relación con algunos trabajadores y es por eso que se iniciaron procedimientos administrativos. Vásquez señaló que actualmente la JNJ cuenta con un número limitado de trabajadores. Indicó que se busca aumentar el personal para cubrir las necesidades de las tres áreas con las que cuenta la JNJ: i) Selección y nombramiento, ii) Evaluación integral y parcial de ratificación, y iii) Procesos disciplinarios.

Vásquez recordó que presentaron un plan de trabajo a inicios de la gestión a 180 días. Indicó que este plan ha continuado su avance a pesar de la pandemia, aunque obviamente no a la misma velocidad. Señaló que a inicios de la nueva gestión todos los consejeros suscribieron un compromiso ético con el propósito de marcar un antes y un después en relación a las conductas ilícitas de los antiguos consejeros del CNM.

Asimismo señaló  que en los dos primeros meses de funcionamiento, la JNJ se dedicó a conocer los procesos disciplinarios que habían quedado suspendidos por la paralización de funciones del CNM. Lo primero que se hizo al retomar estos procesos disciplinarios fue el llevar a cabo audiencias para escuchar a los magistrados investigados.

Vásquez indicó también que uno de sus primeros trabajos fue construir todo el aparato normativo interno de la JNJ, publicando los reglamentos de funcionamiento de cada área de trabajo: el Reglamento del Pleno de la JNJ, el Reglamento de Procesos Disciplinarios, el Reglamento para revisar las decisiones que llevó a cabo el CNM entre el 2015 al 2018, el Reglamento de los concursos para elegir a los nuevos jefes de la ONPE y RENIEC. Indicó que, actualmente, se encuentran en curso los procesos de elección de los jefes de la ONPE y la RENIEC, que estaban en la etapa de presentación de postulaciones hasta el 16 junio, y que todo el proceso debería estar concluyendo en el mes de agosto. Señaló que para el mes de agosto ya contaríamos con nuevos jefes tanto de la ONPE como del RENIEC. Igualmente en relación a los procesos de revisión de las decisiones tomadas por el CNM, y el nombramiento y ratificación de plazas, indicó que esperaban trabajar una suerte de cuadro nacional de plazas a nivel de la judicatura para el mes de junio, y que para esta tarea era necesario el apoyo del Poder Judicial y el Ministerio Público. Vásquez también señaló que esperaba retomar el total funcionamiento de todos los procesos pendientes en la segunda mitad del año.

Asimismo, señaló que luego de la disolución del CNM quedó pendiente la revisión de más de 2,400 procesos, sobre los que durante el estado de emergencia la JNJ ha continuado recopilando información. Indicó que el reglamento les otorgaba 90 días para que las distintas Comisiones pudieran hacer sus informes. Son 2,400 decisiones que se tomaron en el periodo de funcionamiento del CNM que debe revisar la JNJ, y que por lo tanto los informes de estas Comisiones serán evaluados con el celo que corresponde, tanto por la Comisión Especial, como por el pleno de la JNJ. En relación a estos procesos de revisión de expedientes del disuelto CNM, Vásquez indicó que hay una Comisión Especial encargada de este trabajo de revisión, y otra Comisión de Selección y Nombramiento que tiene la responsabilidad de elegir a los próximos jefes de las ONPE y la RENIEC. Indicó también que cada procedimiento tiene sus complejidades, que hay recursos que se presentan y que tienen que ser evaluados, además de que considera que la pandemia no afectará la culminación de los procesos y que si hay retrasos, estos no serán significativos. Señaló que los procesos contra fiscales, jueces y otros funcionarios públicos se iniciaron desde febrero, y que por la pandemia sí existirá un retraso para resolverlos. Indicó que antes pensaba que se podrían resolver entre julio y agosto, y ahora cree que estarán resueltos en setiembre, aunque precisó que es arriesgado dar una fecha exacta. En relación a los procesos, Vásquez indicó que actualmente existen 160 procesos disciplinarios en curso, de los cuales se ha abierto investigación a 113. Indicó que han retomado 51 procesos que habían quedado suspendidos por la disolución del CNM y la instalación de la JNJ. Señaló también que en febrero iniciaron tres investigaciones preliminares contra magistrados supremos.

Vásquez señaló que en estos días de estado de emergencia, también se emitió la propuesta de reglamento para el concurso para la elección de los jefes de la ONPE y el RENIEC, así como se ha aprobado por parte del pleno de la JNJ, el reglamento del concurso para elegir a las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y Ministerio Público. Señaló que estos procesos deberían concluirse en la segunda mitad del año.

Indicó que la JNJ se encuentra coordinando con la AMAG para elaborar un nuevo perfil de jueces y fiscales, que deberá servir para elaborar las bases de los concursos de nombramiento de nuevos magistrados. Vásquez aludió también que se está coordinando con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas para establecer un cuadro nacional de plazas para jueces y fiscales, a fin de evitar la provisionalidad y la existencia de un alto número de jueces supernumerarios. Señaló que han aprobado las directivas para llevar a cabo audiencias virtuales y que gracias al decreto supremo del Ejecutivo que reactiva el trabajo jurídico, ahora sí se podrá contar con la presencia de los investigados y de sus abogados.

En relación al retorno de actividades, señaló que el lunes 08 de junio se realizaron pruebas de descarte y que el 09 de junio se aprobó la resolución para retomar las actividades presenciales. Recién tras la publicación de los decretos supremos que establecen medidas para el retorno gradual al trabajo, indicó que habían podido aplicar medidas para volver a operar. Señaló que próximamente se levantará la suspensión de los plazos procesales, y que en la semana del 15 al 19 de junio, se estarían retomando los procesos disciplinarios que quedaron pendientes antes del estado de emergencia.

Indicó que cuando se dictó el decreto supremo con las medidas para el retorno al trabajo, inmediatamente se dio paso para regularizar la situación de la JNJ e iniciar sus labores en sus sedes, y que para eso era necesario cumplir antes una serie de medidas sanitarias del MINSA, que ya han sido cumplidas, por lo que ahora han reiniciado las labores presenciales en la JNJ.

En relación a los recursos económicos, Vásquez señaló que la JNJ cuenta con unos 23 millones de soles de presupuesto otorgados por el MEF. El 85% de este monto se utiliza en los pagos a los trabajadores y pensionistas.

Indicó que la JNJ cuenta actualmente con 110 trabajadores (103 trabajadores más 07 miembros del Pleno). Considera que para ejercer adecuadamente sus funciones, la JNJ debería tener aproximadamente 250 trabajadores.

Asimismo, Vásquez dijo que no hubo una real suspensión de funciones durante el estado de emergencia, sino una suspensión de plazos. Precisó que lo que se suspendió fue el trabajo presencial a las oficinas de la JNJ, pero que se estableció un plan para el trabajo a distancia a fin de continuar con las actividades.

Siguiendo con los recursos y gastos, Vásquez indicó que de acuerdo a ley, los 7 miembros del pleno de la JNJ, tenían derechos y beneficios equivalentes a los de un juez supremo. Indicó que su sueldo mensual es de 21 mil soles, y que luego del decreto de urgencia emitido en el marco de la pandemia, su sueldo sería ahora de 18 mil soles, aproximadamente. Precisó que ningún funcionario utiliza vehículos de la institución y que los miembros del pleno de la JNJ disponen de vehículos solo para eventos oficiales y de lunes a viernes. Señaló también que el rango de sueldos para los altos cargos administrativos en la JNJ, es uno de los más bajos en la administración pública.

Un balance: lo que ya se ha hecho y lo que se necesita hacer con urgencia

Decir que a la fecha la JNJ no ha hecho nada sería injusto. Como vemos, ha habido/hubieron avances. Se han elaborado los reglamentos de sus diferentes comisiones; en febrero anunció el inicio de un proceso disciplinario inmediato a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Aladino Gálvez, así como a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes; y también aprobó el inicio de una investigación preliminar contra el expresidente de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) Vicente Walde Jáuregui, y los jueces supremos César San Martín Castro y Ángel Romero Díaz; además de iniciar el proceso disciplinario abreviado a 109 jueces y fiscales. Ahora mismo, están en curso los procesos de selección de los jefes de la ONPE y el RENIEC, que deben finalizar en el mes de agosto.

Y sin embargo, es claro que durante el estado de emergencia dispuesto desde el 16 de marzo, la JNJ paralizó los procesos sancionadores en curso.[4] Esto trajo como consecuencia un retraso y la posibilidad de “reorganización y adaptación” de aquellos que eran investigados. Un ejemplo claro es la denuncia constitucional interpuesta por el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas contra su homólogo Pablo Sánchez, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso hace unos pocos días.[5]

En la presentación de Aldo Vásquez ante la Comisión de Justicia y DD.HH. del Congreso, éste repitió muchas de las cosas que ya había dicho en enero y febrero de este año, acerca de en qué condiciones encontraron la institución, cuál fue su diagnóstico inicial, cuáles sus principales objetivos de trabajo y qué medidas tomaría de forma prioritaria. Desgraciadamente en esta presentación ante el Congreso, primó más el recuento de lo ya dicho, en lugar de la explicación de cómo la JNJ había adaptado su trabajo a este nuevo escenario de estado de emergencia. En el contexto en que nos encontramos de reforma y lucha contra la corrupción, llevar solo a cabo sesiones del Pleno de la JNJ durante todos los días de cuarentena, es insuficiente.

La reacción fue tardía. El 16 y 18 de junio, el Pleno de la JNJ aprobó las resoluciones N° 047-2020-JNJ y N° 049-2020-JNJ, respectivamente. La primera aprobó  la “Directiva para el uso de Audiencias Virtuales en el desarrollo de las diligencias de los Procedimientos Disciplinarios y de Revisión Especial de Actos del Consejo Nacional de la Magistratura seguidos ante la Junta Nacional de Justicia, a través de aplicativos tecnológicos de comunicación – Redes Sociales”.[6] Respecto a la segunda dispuso que a partir del 22 de junio, se levantase la suspensión de las audiencias previstas y de todos los plazos relativos a los procedimientos constitucionales y legales, dejando así sin efecto la suspensión de audiencias y de plazos.[7]

Esto significaba que recién a partir del lunes 22 de junio se reactivarían los plazos de los procesos sancionadores y se llevarán a cabo las audiencias (vía videoconferencia) previstas para realizarse durante el periodo que fue declarado como estado de emergencia. ¿Se ha perdido tiempo? pues sí. ¿La pandemia de COVID-19 afectó las investigaciones y los procesos en curso?, sí, sin ninguna duda. ¿La JNJ pudo haber hecho más, durante el periodo de estado de emergencia? creemos que sí.

Si bien lo urgente era decidir respecto a los procesos sancionadores abiertos contra fiscales y jueces supremos, existe también un trabajo de revisión de procesos llevados a cabo por el ex CNM que debe dar resultados antes de que concluya este año. Asimismo, hay un pedido del presidente Aldo Vásquez de modificar algunos artículos la ley orgánica de la JNJ, para lo cual ha manifestado que necesitará la ayuda del Congreso. Al parecer estas modificaciones serían necesarias para que la JNJ pueda cumplir mejor sus funciones, por lo que queda pendiente que Vásquez indique con claridad, cuáles serían estas modificaciones, de acuerdo a su análisis.   

Por fin resultados: las suspensiones preventivas de Tomás Gálvez, Pedro Chávarry, Martín Hurtado; y el inicio del proceso sancionador a Luis Arce Córdova e investigación preliminar a Víctor Rodríguez Monteza.

Habiéndose reactivado los plazos de los procesos sancionadores en curso, los miembros de la JNJ pusieron de nuevo manos a la obra. Sabían bien que todos esperábamos sus decisiones respecto a los procesos sancionadores inmediatos que se les iniciaron a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Pedro Chávarry, y el juez supremo Martín Hurtado.

El 04 de julio la JNJ decidió abrir una investigación preliminar al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza por su presunta vinculación con la red de Los Cuellos Blancos del Puerto y debido a su accionar como fiscal supremo de control interno del Ministerio Público.

Asimismo, la JNJ también decidió iniciar investigaciones preliminares contra Ana María Aranda Rodríguez y Vicente Walde Jáuregui, ambos ex jueces supremos, por sus acciones cuando estuvieron al frente de la Oficina de Control de la Magistratura. También  abrió un procedimiento inmediato, al juez supremo Víctor Ticona, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por otro lado, y en relación a las audiencias que se llevaron a cabo, la audiencia de descargos de Tomás Gálvez se llevó a cabo el 08 de julio, y la JNJ tomó la decisión de suspenderlo preventivamente por seis meses, el 14 de julio; el mismo día en que se llevó a cabo la audiencia de descargos de Pedro Chávarry. La respuesta de Gálvez luego de la noticia no se hizo esperar. Señaló lo que había venido diciendo desde que la JNJ decidió iniciarle un proceso sancionador: que la decisión se veía venir porque “se la tenían jurada”[8]. Previamente, el 11 de julio, la JNJ le abrió un proceso sancionador a otro fiscal supremo: Luis Arce Córdova, por la supuesta ayuda que le brindó a Víctor Soto, personero legal del partido Unión por el Perú, ha pedido de César Hinostroza Pariachi[9].

La decisión de suspender a Pedro Chávarry por el lapso de seis meses, la tomó la JNJ el 23 de julio. En su audiencia de descargos, Chávarry indicó que no era una persona controversial, pero que recibió ataques de los medios de comunicación promovidos por IDL y Transparencia, desde el primer día que estuvo en la Junta de Fiscales Supremos. Como vemos, Chávarry siguió manteniendo hasta el final el argumento de ser víctima de una campaña en su contra. Las razones de esta campaña nunca las aclaró. Indicó también, vagamente, que el actual gobierno “se la tenía jurada” por las investigaciones que estaba llevando a cabo por supuestos delitos de corrupción en donde estaría involucrado el presidente Vizcarra. Lo cierto es que hasta el momento en que la JNJ decidió suspenderlo, Chávarry no mostró los resultados de esas tan mencionadas investigaciones.

Por último, la JNJ también suspendió preventivamente por seis meses al juez supremo Martín Hurtado, el 24 de julio. Su audiencia de descargos se llevó a cabo el 09 de julio. Las razones de esta decisión fueron el haber coordinado con César Hinostroza, “a modo de favor”, la contratación de personal administrativo CAS; así como el “haber accedido a atender al señor Julián Feijó, quien al parecer era parte o tenía interés en un proceso judicial, a solicitud de César Hinostroza.

Si bien es cierto, estas tres suspensiones preventivas tienen la calidad de medidas cautelares para asegurar la decisión final del proceso disciplinario inmediato; son importantes en la medida de que no era concebible tener en el cargo a tres magistrados supremos, teniendo éstos, serias acusaciones con graves indicios en su contra.

De esta manera llegamos a finales de julio: con un juez supremo suspendido, dos fiscales supremos también suspendidos, un tercer fiscal supremo con un proceso sancionador iniciado, y con otros magistrados supremos con investigaciones preliminares iniciadas. A la par, la JNJ sigue llevando a cabo los procesos de selección de los jefes de la ONPE y la RENIEC. Estos procesos se encuentran a medio camino aún, ya que faltan las etapas de evaluación de los planes de trabajo y las entrevistas personales, que deberán llevarse a cabo en agosto. Como vemos, de este balance del trabajo realizado por la JNJ en casi medio año de su existencia, los resultados más esperados lo hemos tenido en este último mes de julio. Veremos ahora cómo le va a la institución en los siguientes seis meses, con la elección de los jefes de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y el Ministerio Público, la culminación de los procesos sancionadores iniciados a jueces superiores, y las decisiones finales sobre los procesos disciplinarios iniciados a Gálvez, Chávarry, Hurtado y Arce Córdova. Hay aún mucho pan por rebanar. 

Luis Miguel Purizaga

Investigador del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal


Bibliografía

[1] Ver: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/webcnm/archivos/pdf/2020/comunicados/Plan_180_definitivo.pdf

[2] Ver: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/RESOLUCI%C3%93N-CONSEJO-CONSULTIVO-JNJ.pdf

[3] Ver: https://laley.pe/art/9235/jnj-inicia-proceso-disciplinario-a-fiscales-supremos-pedro-chavarry-y-tomas-galvez

[4] Ver: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/Resoluci%C3%B3n-035-2020-JNJ0001.pdf

[5] Ver: https://andina.pe/agencia/noticia-presentan-denuncia-constitucional-contra-exfiscal-de-nacion-pablo-sanchez-velarde-801987.aspx

[6] Ver: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/RES047-2020-JNJDirectivaAudienciasVirtualesfinal.pdf

[7] Ver: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/RES049-2020-JNJLevantamientoplazos.pdf

[8] Ver: https://larepublica.pe/politica/2020/07/14/cuellos-blancos-fiscal-tomas-galvez-tras-suspension-en-su-contra-me-la-tenian-jurada-jnj/

[9] Ver: https://andina.pe/agencia/noticia-difunden-audio-cesar-hinostroza-fiscal-supremo-luis-arce-cordova-772602.aspx

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