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Más vale prevenir que lamentar: El control constitucional previo como un remedio a la fiebre del Congreso

En estos días se ha visto como, por un lado, el Congreso ha persistido en realizar modificaciones al texto constitucional de manera sumamente ligera y preocupante. La respuesta a ello ha sido la renuncia de 15 constitucionalistas al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso. Por el otro lado, se ha visto, también, que todas estas modificaciones en potencia deben de ser primero promulgadas y entrar en vigencia para que así, a través de una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse al respecto.

Por ello es que, en un primer momento, en el referéndum que se realizó anteriormente se propuso regresar al modelo bicameral del Congreso, pues como vemos, el modelo unicameral muestra deficiencias al momento realizarse la deliberación previa en las comisiones. Se ha convertido en una mala costumbre que la iniciativa legislativa deje de lado la etapa de estudio en comisiones por parte del consejo consultivo, con lo cual no se cumple con el exhaustivo estudio de los proyectos de ley. Asimismo, se limita el debate de los dictámenes, cuando, por el contrario, este debería de ser un extenso proceso de discusión. No obstante, termina por ser un ejercicio carente de reflexión.

Es así que, si hubiese una segunda cámara, las normas podrían pasar por un segundo filtro, corrigiendo las deficiencias del primero. En consecuencia, dado que la realidad nos muestra que se quiere modificar la Constitución de una manera tan laxa, es importante que nuevas formas de control constitucional ingresen en nuestro sistema normativo. Por ello, me refiero al control constitucional previo en caso de reformas constitucionales. Este se basa en el entendido de que hay un uso abusivo del derecho por parte del Congreso para reformar la Constitución como consecuencia de pugnas políticas entre los poderes del Estado. Por lo tanto, el control constitucional previo no solo se lograría mayor prudencia política al presentar proyectos de reforma constitucional, sino que se ésta estaría supeditada a una revisión por nuestro máximo tribunal, asegurándose así la idoneidad constitucional de la norma.

Por otro lado, es cierto que, desde nuestro marco constitucional, se maneja un control a posteriori respecto de la constitucionalidad de las leyes. Para algunos resulta un despropósito el agregar un nuevo trámite que supondría una injerencia del Tribunal Constitucional dentro del procedimiento legislativo, acto propio del Congreso, salvo las excepciones otorgadas por la Constitución. Por el contrario, si el recurso de inconstitucionalidad se mantiene a posteriori, habiéndose acabado el acto legislativo de creación, promulgación y entrada en vigencia de la norma, el Tribunal Constitucional estaría actuando como un ente judicial.

Sin embargo, la concepción del Tribunal Constitucional y de la Justicia Constitucional excede a las responsabilidades que tiene un ente meramente judicial, pues, al fin y al cabo, como nos mencionaba el profesor y constitucionalista Enrique Bernales en sus clases de Derecho Constitucional: “La Constitución es un instrumento eminentemente político”.

No obstante, es cierto que el ingreso de este nuevo requisito jurídico podría volverse obstruccionista, con lo cual se impediría la eficacia inmediata de las normas adoptadas por un Legislativo elegido democráticamente. Mas esta posibilidad solo sucedería en tanto se realice un mal acto o abuso del medio, el cual no es bueno ni malo, en sí mismo.

Para ello solucionar el problema mencionado líneas arriba, se proponen ciertos candados que limiten cualquier abuso, como el hecho de que el Tribunal solo podrá pronunciarse a priori en caso de que se realice una reforma constitucional. De manera tal que no se impediría la eficacia inmediata de todas las demás normas que se promulguen.

Finalmente, es importante recalcar que este método está siendo propuesto en tanto el Congreso, desde hace un tiempo ya, nos muestra que las pugnas políticas que lleva a cabo con el Ejecutivo terminan por judicializarse a través de normas que merman el Estado Democrático y Constitucional. En ese orden de ideas, si las leyes que el Congreso está intentando promulgar: como la que limita la inmunidad de altos funcionarios públicos y jueces, se estaría legalizando la precarización del sistema de garantías que la Constitución da a estos para que puedan actuar respetándose los principios de autonomía e independencia. Con ello, si se convirtiese en ley la modificación previamente mencionada, podrían producirse efectos cuya posterior reparación traería consigo una serie de complejos problemas. En ese sentido, el control previo de constitucionalidad es capaz de eliminar estos posibles problemas jurídicos que terminan por socavar los cimientos de la democracia.

Adrian Bazo Cannock

Bachiller en Derecho por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

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