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Historia de una Constitución política improvisada para una “República democrática”

A modo de introducción, es importante considerar que Samuel Abad Yupanqui posee el título de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho y de la Maestría Constitucional de la PUCP y ha sido coordinador del Área de Instituciones Democráticas de la Comisión Andina de Juristas, Adjunto en Asuntos Constitucionales y Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo. Además, es autor de numerosos artículos sobre derechos humanos. En esta oportunidad analizamos uno de sus libros: “Constitución y procesos constitucionales”.

Samuel Abad Yupanqui expone en este libro un análisis de la Constitución de 1993. Según el autor, dicha Constitución fue un instrumento jurídico que legitimó el golpe de estado del ingeniero Alberto Fujimori. Expone brevemente el proceso de elaboración de la carta de 1993.  Luego analiza los siguientes aspectos: a) el modelo constitucional, b) reformas constitucionales y c) los aportes del tribunal constitucional.  Finalmente, el profesor de derecho constitucional cierra este texto introductorio con una acertada reflexión sobre lo expuesto.

Con respecto al proceso de elaboración, la Constitución de 1993 adoleció, en primer lugar, de una falta de modelo y de una previa definición de principios; el congreso constituyente democrático no definió el sustrato ideológico ni los principios con los cuales se identificaría y mucho menos el tipo de sociedad al que aspiraba. En segundo lugar, se caracterizó por una ausencia de una metodología adecuada pues solo presentó un primer capítulo sobre garantías y derechos constitucionales, en adición a esto, el autor subraya los métodos incoherentes que se emplearon. Finalmente, la ausencia de un clima constituyente, refleja el uso de un pragmatismo mal comprendido, pues excluyó la voluntad ciudadana.

Ahora bien, el siguiente aspecto que analiza Samuel Abad es el modelo Constitucional o diseño constitucional. Para el autor, existe una institucionalidad democrática debilitada y no hay garantías necesarias para fortalecer los derechos fundamentales de las personas. El diseño constitucional de la carta de 1993 solo buscó legitimar el golpe de estado de 1992. Esta debilidad se refleja en la diferencia del preámbulo entre la constitución de 1993 y 1979. La carta de 1993 invoca a Dios, el pueblo y la patria. Deja de lado principios, valores y decisiones políticas, aspectos que son necesarios para orientar los ideales a los que aspira una sociedad. Además, el tema de los derechos fundamentales es uno de los más importantes: la carta de 1993, a diferencia de la del 79, amplía los supuestos de pena de muerte y  establece una diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos económicos-sociales.

Asimismo, otro punto importante en el análisis del modelo constitucional de la carta de 1993, es el régimen económico. La carta de 1979 legalizaba la intervención del Estado en la economía; la constitución de 1993 todo lo contrario: el Estado solo interviene de manera subsidiaria. La opinión del profesor de derecho constitucional, Samuel Abad, es afortunada cuando sostiene que toda constitución moderna debe contener las pautas generales, mas no petrificar un sistema económico indeterminado.  Mención especial merece el régimen de excepción. El profesor Abad aborda adecuadamente este punto describiendo al presidente peruano como the big boss: jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de la fuerza militar y policial.  Por otro lado, la carta de 1993 se caracterizó por institucionalizar la reelección presidencial inmediata; y de reducir la responsabilidad del presidente en el plano de la política, pues la responsabilidad pesa sobre los hombros de los ministros quienes conducen el poder ejecutivo.

En la tercera parte del libro se analiza el aporte de la jurisprudencia y del código procesal constitucional al diseño de la constitución vigente.  Las etapas del Tribunal Constitucional son seis: En las dos primeras etapas el tribunal funcionó severamente limitado. Una tercera inicia con la vacancia del cargo presidencial del ingeniero Alberto Fujimori. La cuarta etapa empieza en el 2002. Según el autor, el tribunal con esta etapa la actividad del tribunal, fue importante y creativa. La quinta se inicia en el 2007. Finalmente, la sexta etapa generó mayor expectativa, inicia en el 2014.

Por otro lado, es importante tener en cuenta el desarrollo efectuado por el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional han contribuido en darle un sentido interpretativo distinto a las disposiciones constitucionales. Asimismo, la diferencia entre derechos fundamentales y sociales queda de lado, pues el Tribunal Constitucional considera que estos últimos pueden ser exigibles judicialmente.

Finalmente, Samuel Abad nos deja una brillante reflexión sobre la reforma constitucional en el último capítulo del libro:

 «En definitiva, el cambio constitucional requiere un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que tomen en cuenta los intereses de la población […] Además se requiere de un cambio sustancial en nuestra clase política que le dé la cuota de legitimidad requerida para liderar una reforma y una mayor cultura democrática en nuestra ciudadanía»

(Abad, 2018 p.144).

De esa forma, hace un llamado a la cultura democrática y al sentimiento de ciudadanía.  Todos ellos requisitos para una reforma constitucional que no debe emerger de un golpe de estado sino desde una cultura constitucional.

Conclusiones: 

Las consecuencias de una constitución que no toma en cuenta el sentido teleológico y axiológico a los cuales debe aspirar toda república es la negación del bien común.  Esto nos obliga a pensar que tal vez la ausencia de una teleología y axiología en el contenido de la Constitución del 1993 son los verdaderos fines: una sociedad sin aspiraciones que se niega a creer en la necesaria utopía del bien común.  Sumemos a esto la distinción entre derechos fundamentales y económicos-sociales. Tenemos como consecuencia una sociedad fracturada, una sociedad compuesta por “ciudadanos” que se encuentran desprotegidos por una Constitución que considera la intervención estatal como subsidiaria, pues la mano invisible regula el mercado y, con ello, los “derechos laborales”. Sin duda, es acertada la comparación entre la constitución de 1979 y 1993, pues nos permite revelar el triste papel que cumplimos los peruanos en su nuestro rol como ciudadanos.  La idea de una reforma constitucional no es descabellada, luego de a haber leído las ideas del profesor Samuel Abad consideramos como un deber dicha reforma, un deber en nombre de la patria y la democracia.

Alberto Martinez

Estudiante de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Bibliografía:

Abad Yupanqui, S. (2018). Constitución y procesos constitucionales, estudio introductorio, legislación, jurisprudencia e índices. (7.ed.). Lima: Palestra Editores.

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