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Internos y Pandemia: Revisión crítica sobre la normativa penal en el presente contexto de COVID-19

Introducción
En este texto, se expondrán los posibles problemas en materia penal, surgidos a raíz de la normativa burocrática dictada en el contexto de la pandemia Covid-19; situación que ha devenido, en algunos casos, a transgredir derechos fundamentales.

Gracias presidenciales
Una de las primeras medidas dictadas por el ejecutivo, fue el de conceder la gracia presidencial . Considero pertinentes y objetivos los supuestos en los cuales se otorgarían, mediante el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS, ya que se tiene en cuenta factores como la gravedad de la pena, el estado de salud que presenta el reo y la peligrosidad del reo, a fin de determinar el impacto negativo que representaría para la sociedad. Entre los que se destacan se encuentran los siguientes:

1) Aquellos que padezcan una enfermedad crónica que se encuentren en una fase avanzada o por las condiciones del centro penitenciario serían propensos a contagiarse (artículo 2 inciso a) y b) del citado Decreto)
2) Aquellas reas que sean madres y se encuentren en el establecimiento penitenciario con sus hijos o se encuentren en estado de gestación (Articulo 3 incisos a) y b))
3) Aquellos reos que estén a 6 meses de cumplir su condena, la pena sea no mayor de 4 años o sean mayores de 60 años (incisos c), d) y e) respectivamente).

En los dos últimos casos, es necesario cumplir, además, con los requisitos señalados en el artículo 3.2 del mencionado decreto:

a) Tener condición de primario
b) No registrar condenas por otros delitos y/o no registrar medida de detención a nivel nacional
c) No contar con prohibición legal expresa

Consideraciones loables por parte del ejecutivo, debido a que toma aquella parte de la población carcelaria que se encuentra al margen entre, la finalidad sancionadora de la acción penal por parte del Estado y su efectividad, en un contexto de crisis sanitaria. Esta contribución, en potencia, podría reducir el hacinamiento en las cárceles; y así, reducir las posibilidades de contagio a causa de las abundantes interacciones que se dan en un centro penitenciario. Sin embargo, autores como Muñoz, J (2020) advierten que el procedimiento para la concesión de tales indultos, implica tiempo valioso que podría contrarrestar en gran medida los beneficios que presenta la norma. En lo personal comparto su punto de vista, ya que, si revisamos los artículos 4, 5 y 6 del decreto, inmediatamente nos daremos cuenta de que la concesión de la gracia presidencial se encuentran subordinadas a una serie de entrevistas. Estas, si bien toman en cuenta consideraciones de sumo interés para la reinserción de los ex presidiarios a la sociedad, no se justifican en un contexto de extrema urgencia como el que atraviesa el país, ya que el nivel de peligrosidad de estos es mínimo.

Prisión Preventiva
Con respecto a la prisión preventiva y la suspensión de los plazos procesales, al ser esta una medida coercitiva de naturaleza personal, comparto la postura de César Rubio (2020), quien señala que la suspensión es manifiestamente inconstitucional. Ello debido a que la presunción de inocencia aún recubre a los reos apresados bajo ese mecanismo (El Numeral 1, artículo II del título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal). Además, teniendo en cuenta que la prisión preventiva es un mecanismo procesal de naturaleza penal, esta medida no puede tener, en la práctica, las mismas consecuencias fácticas que las que tendría una sentencia condenatoria. El propio Tribunal Constitucional, en la señaló que:

“Su duración debe ser tan solo la que se considere indispensable para conseguir la finalidad con la que se ha decretado la prisión preventiva; Por lo tanto, si la medida ya no cumple los fines que son propios, es preciso revocarla de inmediato.”

( STC N° 3771-2004-HC/TC, fj.18)

Siendo así, el mantenerlos en prisión estaría infringiendo el derecho fundamental a la libertad, estipulado en el inciso 24 del artículo segundo de la Carta Magna.
En esa misma línea, el inciso 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), citada en la mencionada sentencia, señala que “Toda persona (…) detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”, por lo que, una “suspensión” que represente una afectación directa a un derecho oponible y legítimo frente al Estado, sería manifiestamente arbitrario e inclusive anti-democrático.

No obstante, no podemos perder de vista que el trabajo realizado por el Ministerio Público para la persecución del delito es, y siempre ha sido, importante. Frente a un mecanismo procesal, como el de la prisión preventiva, es necesaria la relación entre un hecho delictivo y la atribución del hecho punible a una persona determinada. por lo tanto, existe un buen grado de convicción por parte del juez de investigación preparatoria para emitir esta medida. Sin embargo, no se puede confundir jamás la sanción penal, con una “puesta a disposición” del presunto delincuente a un posible contagio. Es en razón a ello que, se requieren de mecanismos alternativos para hacer efectiva la continuidad de la persecución del delito, pero salvaguardando a la vez, los derechos humanos y la presunción de inocencia.
Gracias a un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre las principales medidas alternativas a la prisión preventiva se encuentran las siguientes:

  • Promesa de sometimiento al procedimiento y de no obstaculización de la investigación
  • Presentación periódica ante autoridad judicial u otra autoridad designada
  • Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada
  • Prohibición de salir sin autorización de ámbito territorial determinado
  • Retención de documentos de viaje
  • Abandono inmediato del domicilio, en caso de violencia doméstica
  • Fianza
  • Arresto domiciliario
  • Mecanismos de monitoreo electrónico en materia penal
    Estas, a su vez, revisten una serie de ventajas que la Comisión señaló y sería importante mencionar:
  • Permite una reducción del hacinamiento
  • Las tasas de reincidencia del delito se han demostrado que reducen significativamente
  • Utilización óptima de los recursos públicos
  • Reduce en buena medida la estigmatización comunitaria

Es decir, no es que no hayan mecanismos alternativos, de hecho los hay. Solo faltaría por parte del ejecutivo, una mayor revisión de la viabilidad de cada uno de ellos a fin de ponerlos en práctica. Tomando en cuenta, claro está, sus respectivos costos económicos y administrativos.

Grilletes electrónicos
No existe duda de que la ciencia y la tecnología siempre estarán por delante de las ciencias jurídicas. Afirmar lo contrario, sería una locura propia de Don Quijote. En estos tiempos, se hace indispensable la utilización de los famosos “grilletes electrónicos” para poder salvaguardar tanto el derecho a la salud e integridad de los internos, así como el legítimo requerimiento de protección que solicita la sociedad. No obstante, muchos profesionales del Derecho han manifestado que los procesos de trámite para implementarlos revisten una vorticidad de magnitudes Kafkianas, así como elevados costos para el Estado. Frente al hecho, señalan que sería necesario modificaciones al Decreto Legislativo N° 1322, el cual regula la “Vigilancia Electrónica Personal”, así como su reglamento, los protocolos que lo acompañan y una mayor celeridad para la elaboración de los expedientes que permitan acceder a la Vigilancia Electrónica Personal.

Decreto Legislativo N° 1459
Con respecto a la iniciativa del ejecutivo, para enfrentar el hacinamiento en las cárceles, debido a los primeros casos de COVID-19 reportados en estos centros, el Decreto legislativo N° 1459 dispone la posibilidad de liberar a los reos por delito de omisión a la asistencia familiar mediante el pago íntegro de las obligaciones devengadas, así como su respectiva reparación civil. En este punto, comparto la postura de la abogada penalista Claudia Félix (2020), quien sostiene que la citada norma presenta escasa técnica legislativa. Sucede que esta tiene como predecesora el Decreto Legislativo N°1300. En esta norma se daba la discrecionalidad al juez para que convirtiese una pena privativa de libertad en ejecución (de este delito) a una pena alternativa (como trabajo comunitario), en razón al grado de readaptación social que hubiese alcanzado el reo. Todo ello, con previo informe técnico que lo respalde. Sin embargo, el actual decreto, da la libertad al reo solo con el pago de la reparación civil y de las deudas devengadas, dejando de lado, otros requisitos orientados a que se haga efectiva esa “readaptación social”. Es decir, la norma, en esencia, trastoca su propia finalidad. Asimismo, la autora señala que, teniendo en cuenta que los recursos de los cuales disponen los internos para afrontar su eventual liberación, es escaso; la norma pone la valla prácticamente en el mismo punto donde previamente se había establecido.

Conclusiones
Como habrá podido notarse, las iniciativas por parte del ejecutivo para enfrentar el actual contexto de COVID- 19, se encuentran marcadamente contrarrestadas por las formalidades innecesarias exigidas en algunas de ellas. Teniendo en cuenta que los internos se encuentran en una situación de “puesta a disposición” de contraer fácilmente el virus, la permanencia de aquellos que se encuentran próximos a cumplir su condena, las personas de enfermedad crónica avanzada o los presos mediante mecanismos procesales; resultan violatorios de Derechos Humanos y fundamentales.
La inmovilización social obligatoria es una medida que permite salvaguardar la vida de las personas, mediante un control de las probabilidades de contagio. Empero, se pone en peligro aquel control si en los centros penitenciarios tenemos un “foco de contagio” importante. No solo se pone en riesgo la vida de los internos, sino a la sociedad en sí. Asimismo, y desde mi particular punto de vista, no se puede mantener un doble discurso de exigir que se respete la inmovilización social cuando puede que existan personas que con legitimidad deseen acatarla para proteger su vida, pero por exigencias burocráticas se vean impedidas de hacerlo.

Rodrich Arce

Estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


Bibliografía
Félix, C. (2020). Las cárceles en el contexto de la pandemia. A propósito de la situación penitenciaria en el Perú. La Ley. Recuperado desde https://laley.pe/art/9581/las-carceles-en-el-contexto-de-la-pandemia-a-proposito-de-la-situacion-penitenciaria-en-el-peru
Muñoz, J. (2020). Hacinamiento y espacios de emergencia: La ausencia de políticas decisivas para la gobernabilidad en prisiones. La Ley. Recuperado desde https://laley.pe/art/9617/hacinamiento-y-espacios-de-emergencia-la-ausencia-de-politicas-decisivas-para-la-gobernabilidad-en-prisiones
Rubio, C (2020). Problemas y desafíos de las cárceles frente al COVID- 2019 en El Perú. La Ley Recuperado desde https://laley.pe/art/9579/problemas-y-desafios-de-las-carceles-frente-al-covid-19-en-el-peru
Sentencias del Tribunal Constitucional, expediente N ° 3771-2004-HC/TC. Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03771-2004-HC.pdf

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