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¿Es el estado de emergencia una ruptura con el Estado de derecho en el contexto del COVID-19?

El 15 de marzo del presente año, el presidente Martin Vizcarra declaró el estado de emergencia en el país debido a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Esta enfermedad ha afectado a más de 100 países en el mundo y ha sido calificada como pandemia por la Organización Mundial de Salud (OMS). En este contexto han surgido varias interrogantes sobre en qué consiste este mecanismo y las consecuencias que conlleva; dudas que intentaremos resolver en este artículo informativo.

El estado de emergencia es una de las figuras constitucionales contempladas dentro de los regímenes de excepción y solo puede ser dictada por el presidente de la república con el acuerdo del Consejo de Ministros en caso de crisis estatales. En la normativa, esta medida se encuentra regulada en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución, la cual explica que su implementación resulta válida “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Asimismo, detalla que estar bajo estado de emergencia tiene cuatro características principales: a) la imposibilidad del destierro, b) la restricción de algunos derechos, c) la toma del control interno por parte de las Fuerzas Armadas y d) un plazo máximo de 60 días de duración (sin perjuicio de que vuelva a decretarse).

La figura fue legislada por primera vez en la Constitución de 1979, manteniéndose sin modificaciones en la de 1993, la hasta hoy vigente Carta Magna. En el derecho internacional, tiene fundamento en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) donde se menciona que “las garantías fundamentales allí adoptadas podrán ser suspendidas siempre que no signifiquen actos discriminatorios en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente” (PIDCP, 1966). Posteriormente, también se desarrolla en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), texto sobre el cual se avala la suspensión temporal de garantías “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado.” (CADH, 1978) siempre que no se vean mellados: “El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos y las garantías judiciales.” (CADH, 1978)

De lo mencionado se colige que, si bien por medio del estado de emergencia es posible restringir derechos, ello no significa que nos encontremos en una ruptura del Estado de Derecho pues:

  1. No pueden restringirse todos los derechos sino sólo los mencionados dentro del texto constitucional. Es así que solo podrán afectarse los “derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”
  2. El sistema democrático no valida los atropellos o actos abusivos de derecho, es por ello que, de ocurrir, estos podrán denunciarse por medio de los recursos de protección constitucional disponibles.

En base a ello, se debe tener en cuenta el fin de la implementación de esta figura corresponde a la protección de los intereses estatales y la supervivencia del Estado Democrático; es decir, las medidas que se tomen deben servir para fortalecer los principios constitucionales sobre los que se erige nuestro sistema, por lo que no se tolerará ningún acto que exceda los límites o atribuciones que se tengan por bien dictar en el tiempo que dure. El estado de Emergencia siempre se pensará como un arma para rehabilitar las inseguridades que puedan estar ocurriendo.

Es dentro de estos parámetros que el máximo mandatario, mediante Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM declaró al país en estado de emergencia por 15 días naturales y se estableció que:

  1. Se restringen: El Derecho a la Libertad y Seguridad Personal, el Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio y Libertad de Reunión y el Derecho de Tránsito
  2. Durante el periodo que dure el Estado de Emergencia, el Gobierno asegura la continuidad del abastecimiento de alimentos y medicinas, así como el normal funcionamiento de los siguientes servicios: agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y los otros que se detallen en aquel Decreto. La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas serán las encargadas de garantizar su correcto manejo.
  3. Las personas solo podrán transitar en los siguientes casos:
  • a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
  • b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  • c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias.
  • d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios enumerados en el artículo 2.
  • e) Retorno al lugar de residencia habitual.
  • f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
  • g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.
  • h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.
  • i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.
  • j) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).
  • k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 podrán desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida.
  • l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.
  • m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales precedentes o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.
  • n) Además, se puede circular con vehículos particulares para realizar cualquiera de las actividades permitidas.
  • No responden a estos criterios los extranjeros involucrados en misiones diplomáticas y en representación de institucional internacionales. El Ministerio del Interior podrá cerrar o restringir carreteras para salvaguardar la salud pública.

Con estas medidas, el presidente espera lograr una reducción considerable del ritmo de contagio del virus COVID-19, pues una mayor cantidad de infectados significaría mayor cantidad de profesionales capacitados, de implementos de salud y, más importante, de infraestructura; de no tenerlos, lo más probable es que nuestro sistema no sea capaz de atender todos los casos, de esto se trata el tan mencionado “colapso”.

Por último, es preciso mencionar que esta herramienta ha sido ampliamente usada en su modalidad sectorial, pero muy poco sobre todo el territorio nacional. Es por ello que el uso de este término trajo a la memoria la época del terrorismo, entre los años 1980 y 2000. Es así que surge la necesidad de aclarar que la situación de aquel entonces y la que estamos viviendo no tienen punto de comparación. En aquel entonces existía una guerra interna, en la que el enemigo debía combatirse con el uso de la fuerza coactiva, con el fin de garantizar la seguridad de la población y conservar el orden interno. Hoy, en cambio, nos enfrentamos a una enfermedad, donde el Estado, a pesar de optar por la suspensión de garantías, lo ha hecho teniéndola como la medida más efectiva de protección, conociendo los límites que tenemos en nuestro sistema de salud y como sociedad; es por ello que nuestro compromiso es vital para lograr sobrellevar estas dificultades y salir airosos.

Rocío Milagros Puente Quispe

Estudiante de sexto año de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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