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¿Son los medios suficientes para el fin? Impacto del aislamiento social en los efectos de las relaciones jurídicas

El Covid-19, como pandemia global y el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, han significado un cambio drástico y súbito en nuestras dinámicas sociales, partiendo específicamente de la restricción al derecho al libre tránsito. Esto ha terminado por condicionar la ejecución de determinadas actividades que pueden o no requerir la presencia física de las personas que se dedican a estas, existiendo, sin embargo, actividades que por su naturaleza no han ameritado ningún tipo de cese o que han encontrado medios alternativos para su realización (como puede ser el caso del teletrabajo o el uso del internet y medios virtuales).

En ese sentido, el cambio material en nuestras circunstancias, ha derivado en una serie de efectos jurídicos, entre los que podemos comprender el incumplimiento contractual, la posibilidad del empleador de optar por la suspensión perfecta del contrato laboral, el incumplimiento de obligaciones familiares (como puede ser el caso de alimentos), entre otros.

Particularmente, en los casos de incumplimiento contractual, que, desde nuestra perspectiva, constituyen la situación más frecuente en el contexto actual, es importante tener en consideración los remedios o posibilidades que nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado. Se ha hablado, al respecto, de la imposibilidad de imputarle a una persona la responsabilidad por el incumplimiento de una obligación ante casos fortuitos o de fuerza mayor (art. 1315 CC), de la excesiva onerosidad de la prestación (art. 1440 CC) o, ya de manera más amplia, de la buena fe contractual y cómo esta debe operar en la ejecución del contrato (art. 1362 CC). Todas estas posturas, con sus respectivas interpretaciones, surgen como una respuesta que pretende una naturaleza general como solución al panorama actual.

Ante las posturas que se remiten a la interpretación de la normativa del Código Civil, surge otro tipo de soluciones, como la propuesta por el Congreso de la República en el Proyecto de Ley N° 5004/2020-CR, que pretende suspender el pago de la renta e intereses legales en los contratos de arrendamiento, considerando como presupuesto que las normas previamente discutidas resultan insuficientes para afrontar la situación de la pandemia.

En torno a ello, surge un debate de carácter constitucional: ¿Puede el Estado modificar las relaciones contractuales privadas a pesar de contravenir la libertad contractual reconocida constitucionalmente (art. 62 de la Constitución)? ¿La libertad contractual debe ser interpretada a la luz del régimen económico consagrado por la Constitución (economía social de mercado)? En similar sentido, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto de Urgencia N°035-2020 dispuso medidas complementarias para reducir el impacto económico del aislamiento y la inmovilización, fijando la posibilidad de fraccionamiento de los recibos pendientes de pago correspondientes a servicios públicos básicos de energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones, lo que ilustra la relevancia que le ha otorgado el Estado a la continuidad del cumplimiento de contratos, aunque este se sujete a modificaciones o regulaciones posteriores a la celebración de un contrato. Si bien hay que tener en cuenta que la naturaleza de los contratos varía de caso a caso y que la normativa aplicable no es siempre la misma, existe una situación subyacente de necesidad que parece ser el elemento orientador en las circunstancias actuales.

La situación no es del todo clara, la pandemia presenta un escenario generalizado de incertidumbre y, sobre la base de esta, plantear soluciones generales a situaciones particulares puede no resultar lo más adecuado. En ese sentido, queda pendiente evaluar la suficiencia de la aplicación de la normativa existente a esta situación en concreto o, por otro lado, generar nueva normativa que otorgue una solución objetiva, aun cuando se tenga que debatir su fundamento constitucional. Por último, hay que tener en cuenta que mientras existan diversos tipos de circunstancias materiales y diversos tipos de relaciones jurídicas, los supuestos de hecho considerados por la norma no serán siempre adecuados a las realidades y necesidades sobrevinientes.

Crystal Hoyle Cavero & Juan Diego Del Aguila

Egresados de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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