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La Escuela de Derecho, Noticias 27 febrero, 2020

El Derecho a la protesta: contenido, límites y principios

La lucha por los derechos no ha sido históricamente pacífica. Casos como la revolución francesa, las luchas independentistas, la revuelta de Haymarket; demuestran que, en el mundo, los derechos no han sido concedidos por quien ejerce el poder, sino que han sido el resultado de cruentas masacres y conflictos. En el Perú se registró, en 2019, 183 conflictos sociales, de los cuales 113 son conflictos socioambientales (62.8%)[1].

Sin embargo, esta apreciación histórica, no debe conllevar a pensar que la lucha por los derechos deba darse con el coste de derramamiento de sangre. Hay que resaltar que dichos sucesos son el resultado de una indiferencia sistemática por parte de los gobernantes que pudo haberse evitado. Es la última opción tomada por quienes exigían un cambio que consideraban tan valioso como sus vidas, de manera que, no tuvieron otra opción. Así comenzaron los cimientos del derecho a la protesta,             

La protesta social es un derecho fundamental innominado. Esto quiere decir que, si bien no está reconocido explícitamente en alguna norma de rango constitucional, forma parte del contenido constitucionalmente protegido de un derecho. Este es, a juicio del Tribunal Constitucional, el derecho a la reunión, reconocido en el artículo 2°, 12 de la Constitución. Dentro de dicho derecho, es parte del elemento subjetivo del cual:

buenos ejemplos del ejercicio del derecho de reunión son el encuentro de los miembros sindicalizados para protestar por un hacer o no hacer de su empleador o empleadores, las marchas de los colectivos a quienes une el sentimiento de repudio frente a una medida adoptada por un poder público, las procesiones organizadas por los miembros de un determinado credo, los mítines coordinados por las agrupaciones políticas, etc. (STC N° 04677-2004-PA/TC, fj. 15)

La protesta que persigue un derecho es parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la reunión en su elemento subjetivo.

No obstante, como todo derecho existen límites. La Constitución lo restringe de manera parcial aquellas que se convocan en plazas y vías públicas mediante el anuncio anticipado a la autoridad. Asimismo, lo limita de manera total aquellas que se dan por motivos probados de seguridad o sanidad pública. Esto último es un límite tanto para el sujeto titular del derecho como para la propia autoridad competente, ya que esta solo podrá denegar su ejercicio por los motivos, siempre y cuando estén probados. Esta garantía tiene como objetivo la interdicción de la arbitrariedad.

Principios del derecho a la protesta

Uno de los juristas más importantes que ha desarrollado el derecho a la protesta es Roberto Gargarella, quien la ha definido como el derecho a exigir derechos. De igual manera, ha señalado sus principios básicos tomando en cuenta la realidad latinoamericana en la que son los más desfavorecidos quienes más la necesitan. Estos son:

  1. La protesta social como acto de defensa de derechos fundamentales desprotegidos por el Estado: Este principio resalta la lucha y actualmente la protesta como formas por las que se han buscado la defensa de los derechos.
  2. Principio de distancia deliberativa: Este principio consiste en la conciencia de las barreras estructurales existentes entre los diversos actores en el conflicto social. Los grupos que ejercen este derecho muchas veces carecen de recursos y de poder para hacer oír su voz ante las autoridades competentes.
  3. Principio de la inexistencia de medios alternativos para solucionar: Este principio refiere a la eficacia de la protesta frente al fracaso de otras alternativas para solucionar el conflicto.
  4. Principio de violaciones sistemáticas: Este principio refiere a que la protesta es el resultado de numerosas afectaciones a un colectivo que requiere especial atención del Estado por su especial situación de vulnerabilidad.
  5. Principio del foro público: Este principio se centra más en la estructura del Estado, el cual debe garantizar las libertades de expresión, información y reunión, siendo características de un pluralismo político. Este principio garantiza y protege a quienes lo ejercen frente a posibles criminalizaciones.
  6. El principio de la calle como espacio público abierto: Este principio busca concretizar el anterior, es decir, es la calle el espacio en el que se plasman estos derechos. Los nuevos espacios y tecnologías son inaccesibles para las poblaciones vulnerables, reduciendo sus medios de expresión.
  7. El ejercicio del derecho a la protesta tiene que ver con el ejercicio de la democracia: Al encontrarnos en un Estado democrático, una serie de valores y derechos cobran especial relevancia; tales como el pluralismo político, la tolerancia, el respeto, la libertad, entre otros. Por lo tanto, la protesta es una forma de ejercerla, ya que es una forma de crítica a la indiferencia de las autoridades. Criminalizarla conlleva a una elitización de su ejercicio para quienes disponen de otros medios.
  8. Principio del contexto: Este principio se centra en el análisis de las causas, en las diferencias culturales, en la realidad de los actores en el conflicto. De esta manera se aboga por una humanización del derecho que busque más la solución de conflicto que el castigo a los culpables.

En conclusión, el derecho a la protesta resulta en la realidad latinoamericana una herramienta clave para la reducción de las barreras estructurales y la defensa de las poblaciones vulnerables ante afectaciones sistemáticas de sus derechos. Es de esta manera que la lógica en la que los operadores de justicia evalúen casos de protesta deben centrarse más en una perspectiva constitucional, restitutiva y garantista, más que en una persecutoria y legalista.


Isaac Peña Lobato

Estudiante de sexto año de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya


[1] Defensoría del Pueblo (2019). Reporte de conflictos sociales N° 181. Lima, Perú.

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