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La Escuela de Derecho 29 enero, 2020

¿Reformar la justicia del Perú?: Los caminos nos conducen a la Junta Nacional de Justicia

Luego del referéndum del año 2018, el Congreso, a través de la ley No. 30904, Ley de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Funciones de la Junta Nacional de Justicia, promulgada en el Peruano el día 10 de enero de 2019, la modificación de los artículos No. 154, 155 y 156 de la Constitución Política del Perú (en adelante CPP), con lo cual se materializa, tanto el cambio de denominación del Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) por el de Junta Nacional de Justicia (en adelante JNJ o Junta), como las “nuevas” atribuciones constitucionales de esta entidad respecto de la ratificación y evaluación de jueces y fiscales.

Las modificaciones, que han sido realizadas con la finalidad de fortalecer la composición y funciones de esta institución, suponen:

  • Artículo No. 154 de la CPP: La publicidad y motivación bajo la cual se nombran y ratifican jueces y fiscales, el trabajo conjunto de evaluaciones de estos funcionarios de la mano con la Academia de la Magistratura, la realización de un informe anual para el Pleno del Congreso, una base de datos actualizada sobre las sanciones disciplinarias a jueces y fiscales, la posibilidad de aplicar nuevas formas de sanciones a jueces y fiscales supremos, y la imposibilidad expresa de reelección de los miembros de la JNJ.  
  • Artículo No. 155 de la CPP: La realización de un concurso público de méritos para elegir a los titulares de la JNJ, una nueva conformación de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos presidida por autoridades del Estado, así como un rector representante de las universidades públicas y uno de las universidades privadas, acreditadas y con más de 50 años de antigüedad.
  • Artículo No. 156 de la CPP: Los requisitos para ser miembro de la JNJ han sido modificados sustancialmente, siendo más estricto.

En opinión personal, las modificaciones realizadas darán mayor legitimidad a las decisiones de la Junta. Esta se sustenta en la motivación y publicidad que tendrá su función, lo que permitirá que la sociedad civil pueda conocer y fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Asimismo, se mejoran las capacidades que tienen para realizar sus funciones, como el poder actuar de oficio y no a petición de jueces o fiscales supremos, al momento de aplicar sanciones a jueces de menores rangos.

En esa misma línea se modifica el artículo No. 156, en donde se propone un escrutinio más estricto para poder integrar la JNJ, tomándose como mínimos necesarios no solo situaciones formales, es decir: años de trabajo, edad de la persona, etc., sino también la idea de “reconocida trayectoria”. Esto supone la búsqueda del postulante más idóneo no solo desde lo académico, sino también desde lo ético y lo moral, o como podría entenderse desde el constitucionalismo moderno, desde los valores.

Es cierto que ningún modelo es perfecto, y solo el tiempo podrá enseñarnos las deficiencias de este, sin embargo, se han dado notorios cambios que, como podemos ver por la actual conformación de la Junta Nacional de Justicia, han permitido el ingreso de juristas con una reconocida trayectoria a uno de los puestos más importantes para fortalecer las bases democráticas de nuestro Estado.

No obstante, hoy por hoy, la Junta Nacional de Justicia tiene una serie de desafíos y retos para con el fortalecimiento de la democracia nacional. El horizonte de sus miembros, la utopía a la que se debe apelar al realizar sus funciones, es fortalecer la integridad dentro de la administración de justicia. Solo así podrá lucharse contra la corrupción e impunidad que se ha gestado en esta.

En ese sentido, su primera tarea, para la cual solo tienen 18 meses, es la de revisar todos aquellos nombramientos que se dieron por el CNM, en su momento – ese ha sido el plazo otorgado por el Gobierno, así que será un año y medio de intenso trabajo. Esto debe resultar en una garantía de que los jueces y fiscales a ser ratificados sean profesionales idóneos académica y moralmente.

Finalmente, la Junta Nacional de Justicia, según las leyes No. 30943 y 30944, debe de elegir a quienes presidirán los organismos de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ya no se utilizará el modelo actual, bajo el cual estos eran un juez y un fiscal supremo. Y, será esta, también la encargada de designar a los jefes de la ONPE y de la RENIEC, dos instituciones de suma importancia en tanto tienen un rol fundamental durante los procesos de elecciones. A través de ellas se materializa el derecho a voto y su relevancia.

Espero esta sea una primera solución a un problema estructural que nos sigue desde nuestros primeros años republicanos.  


Adrian Bazo Cannock

Egresado de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

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