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Noticias 19 mayo, 2017

Estado brinda protección a quienes denuncien actos de corrupción

Producto de la Ley N° 30506, Ley de Delegación de Facultades en el Ejecutivo, el 5 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N° 1327, el cual presenta una serie de disposiciones con el objetivo de incentivar la denuncia contra los funcionarios que cometan actos de corrupción.

En el contexto de la protección al denunciante, el artículo 6 plantea el “Principio de reserva”

“6.1 Se garantiza la absoluta reserva de la información relativa a la identidad del denunciante cuando este lo requiera, a la materia de denuncia, y a las actuaciones derivadas de la misma. Cualquier infracción por negligencia a esta reserva es sancionada como una falta administrativa disciplinaria en el régimen que corresponda aplicar.”

“6.2 Se garantiza la reserva de la información relativa a la identidad del denunciado hasta la emisión de la resolución sancionatoria que pone fin al procedimiento.”

El “principio de reserva” no solo garantiza la seguridad del denunciante, sino también la integridad del denunciado, ya que no hace pública su información sino hasta el término del proceso.

Ahora bien, las medidas de protección al denunciante, tal y como lo presenta el artículo 9, no solo se enfocan en salvaguardar la identidad de este a través de la suplantación de su nombre por un código numérico y prolongando la aplicación de dichas medidas hasta después del proceso, sino también amparan su situación laboral o la situación contractual en la que este se encuentre.

Finalmente, hay que resaltar una característica importante es el tiempo de duración de las medidas, ya que según establece el artículo 10 las medidas de protección se aplicarán “mientras dure el peligro que las motiva, incluso con posterioridad a los procedimientos que conduzcan a la sanción de la falta”; y cubriendo con dichas medidas no solo al denunciante, sino a las personas distintas a él, como su familia.

Son estas, medidas muy importantes para luchar contra la corrupción.

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